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CASLab redactó Decreto Supremo que regula SPAM.

Todos los organismos de la Administración del Estado deberán aplicar medidas para a evitar los SPAM y sus efectos nocivos.

Texto: Yahisa Díaz

El Laboratorio de Criptografía Aplicada y Seguridad (CASLab) redactó el Decreto Supremo Nº 93 sobre regulación del SPAM, estableciendo una serie de normas técnicas para minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios. El Decreto, que recientemente entró en vigencia, fue redactado por el Académico del DIM e investigador asociados al CMM, Marcos Kiwi, en conjunto con los ingenieros, Antonio Díaz y Eduardo Rodríguez.

Con esta regulación, el Gobierno establece una decidida lucha contra el SPAM, cuyos efectos son conocidos: estos mensajes recargan innecesariamente los sistemas informáticos institucionales, pueden ser causa de virus, códigos malignos y, en general, de cualquier tipo de información que puede poner en peligro la integridad de la documentación electrónica del Gobierno.

El Decreto establece las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones para el procesamiento y manejo de los mensajes electrónicos. Entre otras disposiciones, indica que los organismos deberán contar con los sistemas informáticos adecuados para filtrar los mensajes electrónicos entrantes a sus servidores de correo y realizar revisiones y monitoreos periódicos de las redes de comunicación.

Para apoyar a las instituciones en la adopción y ejecución de esta normatica, el Ministerio del Interior elaborará una "Guía Modelo de Protección de Casillas Electrónicas", que contendrá detalles técnicos y recomendaciones.

El Decreto Supremo Nº 93, redactado por el CASLab, se dictó en el marco de la política Nacional de Gobierno Electrónico, para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficacia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.

Leer Decreto Supremo Nº 93.

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